El Gobierno amplia la prescripción de los delitos de abusos sexuales

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El Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que incluye una ampliación del tiempo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual contra los menores.

En la actualidad, el plazo empieza a contar a a partir de que la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. De este modo, si una víctima no denuncia antes de los 33 años, el delito queda impune.

Desde el Ministerio de Justicia precisaron este jueves a Servimedia que el Gobierno baraja tres posibilidades en este sentido: la primera es la imprescriptibilidad de estos delitos, la segunda es que el plazo de prescripción sea de 30 años y la tercera que sea de 50. Hasta ayer no se sabía por qué escenario se decantará el Ejecutivo, aunque sí ha dejado claro que, al tener rango orgánico, esta ley puede introducir cambios en otras normas como el Código Penal.

Algunas organizaciones no gubernamentales como Save the Children son partidarios de que los plazos de prescripción de estos delitos se empiecen a contar cuando la víctima cumpla los 50 años. Así figuraba en el anteproyecto de ley, pero el Ministerio de Sanidad precisó este jueves a ABC que se trataba de «un texto antiguo». Al parecer, el ministerio de Justicia y el de Sanidad negociaban a última hora de este jueves cómo iba a quedar reflejada esta cuestión en la nueva ley.

Entre las muchas medidas que incorporará la ley figura la creación de un registro unificado de víctimas y la protección de los trabajadores sociales con competencias en materia de infancia, a quienes el Gobierno reconocerá como autoridad pública. De esta manera, cualquier agresión contra estos profesionales será considerada como atentado.

También se obligará a todos los centros escolares a contar con protocolos contra la violencia infantil y a la creación de un responsable de bienestar y protección, que dependerá de las comunidades autónomas y deberá velar por la convivencia y la erradicación de la violencia contra los menores en el ámbito educativo.